Al igual que otros países como Brasil, China, India, Pakistan, Filipinas, Islandia, Venezuela, Macedonia, Cuba, Sudafrica, Georgia, Malasia, Perú, Ecuador, Portugal, etc. o ciudades como Munich o Viena y estados como Massachusetts, ahora Uruaguay se une a la lista de países que aprueba y regula por Ley el uso de Software Libre y formatos abiertos a nivel estatal. Esto permite que los documentos que maneja la administración pública tengan formato abiertos y por lo tanto su estructura interna carezca de partes ocultas y no accesibles excepto para las aplicaciones con las que fueron creados. Puede leerse el artículo completo aquí. Son pocos los países o administraciones que se resisten a la presión mediática o a los favores que las empresas de software privativo ejercen sobre los Estados, a veces con la amenaza del cierre de sus delegaciones comerciales y cese de sus actividades comerciales o bien ofreciendo inversiones a través de programas de cesión de recursos sobre todo a entornos universitarios o de investigación para fomentar el uso de sus productos tanto a nivel particular como oficial.
Esta forma de intervención sobre las entidades oficiales solo crea más ataduras técnicas y comerciales a largo plazo, incrementando los costes estatales con contratos y clientelismo, debido en general, a la ignorancia política en materia técnica y a la forma fácil de vender como éxito político posiciones que benefician más a la empresa privada en cuestión que a los administrados.
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